El responsable de Hogar sin tóxicos, Carlos de Prada, ha instado al Ministerio de Sanidad y al de Transición Ecológica a que tomen mayores medidas a nivel nacional para restringir la presencia de PFAS (compuestos perfluorados y polifluorados) en el agua de grifo, una serie de sustancias químicas que reciben el sobrenombre de «tóxicos eternos» por su enorme persistencia en los cuerpos de las personas y en el medio ambiente.
«El Gobierno no solo debe ir más lejos de lo recogido en la norma europea, estableciendo umbrales más restrictivos en su propia normativa sobre el agua potable, sino también solicitar a la Comisión Europea que ello se haga a nivel de toda la UE», ha expresado De Prada, según un comunicado.
En ese sentido, ha instado a las autoridades ha establecer límites de concentración más estrictos para la presencia de cuatro PFAS en el agua del grifo, poniendo el ejemplo de lo que han hecho Dinamaraca, Suecia, Países Bajos o la región belga de Flandes, e incluso de países no comunitarios y que «normalmente no pueden hacer gala de tener norma más exigentes» que la UE, como el caso de Estados Unidos y su Agencia de Protección Ambiental (EPA), que ha dado algunos pasos al respecto.
«Estos países tuvieron en cuenta el dictamen que publicó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2020, en el que se fijaba la ingesta semanal tolerable (IST) en 4,4 nanogramos por kilogramo para la suma de las cuatro sustancias aludidas. Lamentablemente, la Directiva Europea no tuvo en cuenta el dictamen de la EFSA», ha añadido.
De Prada ha insistido en que la Directiva europea sobre el agua destinada al consumo humano «no ha tenido en cuenta suficientemente el grado de conocimiento científico actual», por lo que «no está claro que proteja debidamente la salud».
A pesar de los niveles tolerables mencionados, ha reconocido que existe la posibilidad de que «no haya ninguna concentración que se pueda considerar claramente ‘segura'».
La organización ha explicado que los PFAS son «vastamente empleados» en las fábricas o en numerosos productos, y que son «prácticamente omnipresentes en el agua de todo el mundo», incluidas las superficiales, subterráneas y potables, y se considera que el agua de grifo es «una de las principales vías» por las que llegan al organismo humano.
Estas sustancias, según la Endocrine Society, pueden llegar a provocar cáncer, dañar la salud reproductiva, incrementar el riesgo de efectos congénitos, o alterar los niveles de colesterol, la función tiroidea, de la respuesta inmunitaria y de la función hepática y renal, y el coste económico relacionado con sus efectos en el Área Económica Europea es de entre 52.000 y 84.000 millones de euros anuales.
Hogar sin Tóxicos ha solicitado una mejora del seguimiento de estas sustancias en el agua de abastecimiento urbano, todo ello mediante la ampliación a más sustancias que las actualmente recogidas en la normativa, así como proporcionar una mejor información a los ciudadanos.
Sin embargo, la organización ha resaltado que el establecimiento de normas más estrictas, y la instalación de estos sistemas de eliminación de contaminantes, podrían «representar una notable elevación de los precios del agua», tal y como han advertido algunas compañías del tratamiento del agua europeas agrupadas en EurEau.
Es por ello por lo que Hogar sin Tóxicos ha pedido cumplir el principio de ‘quien contamina paga’, de forma que «sean las empresas que se benefician produciendo y comercializando estas sustancias tóxicas las que paguen por los problemas que generan, y no los ciudadanos con sus impuestos o sus facturas del agua».
En relación a ello, De Prada ha explicado que la falta de implantación de estos sistemas obligaría a los ciudadanos que pudieran permitírselo a instalar filtros en sus viviendas, algo que «puede llegar a ser costoso».
«El problema es la aplicación de supuestas soluciones de ‘final de tubería’, esto es, de no prevenir la contaminación en origen, sino tolerarla en mayor o menor grado, confiando en que luego habrá algún modo de depurarla. Algo que, con demasiada frecuencia, no funciona. Al margen de si se establecen o no límites legales más bajos y de la necesidad de sistemas más exigentes de tratamiento, la prioridad absoluta debe ser la de exigir que quien está llenando las aguas de sustancias tóxicas como los PFAS deje de hacerlo. Eso nos ahorraría muchos problemas», ha agregado.
De Prada también ha señalado que no establecer unos límites que protejan la salud humana por prestar más atención a los costes, puede llegar a causar más gastos económicos para toda la sociedad.
Por su parte, la responsable de políticas de químicos en la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés), Dolores Romano, ha pedido al Gobierno español que apoye los planes para la prohibición de los PFAS como grupo de sustancias, algo anunciado por la propia UE, pero que «las presiones de la industria química intentan hacer naufragar».
«Es urgente prohibir la fabricación y el uso de los PFAS, apoyando la propuesta de restricción de que han planteado cinco países europeos. Solo usos que sean absolutamente imprescindibles y para los que no haya alternativas deben permitirse bajo estrictas medidas de control. La Comisión debe aclarar también quién se va a hacer cargo de la limpieza de los miles de zonas altamente contaminadas por PFAS y de los costes de potabilización de agua», ha explicado.
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