Numerosos países de la UE, entre ellos España, siguen permitiendo el empleo de una serie de pesticidas a pesar de que se haya decretado su prohibición por sus riesgos reconocidos para la salud y el medio ambiente, según revela un informe de la organización PAN Europe, dedicada a la lucha contra los pesticidas y que aglutina a numeras entidades de la UE.
Esta situación es posible, según el documento, debido a una brecha en la normativa que permite que se puedan conceder “excepciones” para seguir empleando estas sustancias en situaciones de emergencia (supuesta o real), lo cual habría propiciado un “abuso generalizado” en algunos casos. La consecuencia es que tales sustancias prohibidas “pueden seguir presentes en nuestros alimentos, con los riesgos inherentes a ello, así como causando daños en el medio ambiente”, según apunta Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin tóxicos, que colabora con PAN Europe.
Para Carlos de Prada, “es inadmisible que se siga autorizando el uso de pesticidas que se prohibieron precisamente por sus riesgos para la salud humana y/o el medio ambiente”, y añade que “debe ponerse fin al abuso que algunos países hacen de las llamadas excepciones de emergencia”, dado que se trata de sustancias tóxicas que han sido asociadas a efectos como los cancerígenos, mutagénicos, genotóxicos, o a serios daños en el medio ambiente (por ejemplo, el caso de sustancias que son muy tóxicas para las abejas), entre otros riesgos.
13 autorizaciones en España
El informe de PAN Europe revela que en la UE se concedieron 236 autorizaciones de emergencia para 14 principios activos pesticidas entre 2019 y 2022, de entre las 24 sustancias que la organización investigó. De los 27 países de la Unión Europea, 24 han concedido excepciones. El que más autorizaciones ha aprobado es Austria (con 20), seguido de cerca por Finlandia (18), Dinamarca (17) y Rumanía (16). España figura en el octavo lugar en la lista de países que más autorizaciones ha concedido, junto a Bélgica y Polonia, con 13 autorizaciones concedidas.
En opinión de PAN Europe, lo que debería ser algo excepcional se habría convertido en una “puerta falsa” que permite el uso de sustancias prohibidas. Esta organización denuncia también que sea precisamente la industria de los pesticidas la principal peticionaria de que se concedan tales “excepciones”, supuestamente en nombre de los intereses de los agricultores.
Además, señala que en la mayoría de los casos los Estados miembros las autorizan sin que se haya mostrado debidamente la “emergencia” que las justificaría, así como la supuesta inexistencia de alternativas no químicas (a pesar de que ambas son condiciones preceptivas para que se concedan estas autorizaciones excepcionales).
Según PAN Europe, “los Estados y la Comisión Europea hacen la vista gorda ante este tipo de prácticas que no están justificadas desde un punto de vista agronómico”, lo que supone dar a la industria un “cheque en blanco” para mantener así en el mercado pesticidas tóxicos prohibidos.
El informe de PAN Europe cita como ejemplo de las irregularidades que se cometen las mostradas por el dictamen del Defensor del Pueblo español en 2021, que criticaba la concesión de excepciones por parte del Ministerio de Agricultura para permitir el uso de algunas sustancias sin la debida justificación de la real o supuesta “emergencia”.
Casi la mitad de las “excepciones” concedidas en la UE fueron para los insecticidas neonicotinoides (un 47,5 %), conocidos por sus daños sobre las poblaciones de insectos polinizadores. El herbicida diquat es la segunda sustancia en número de excepciones concedidas (un total de 48). Se trata de una sustancia disruptora endocrina que fue prohibida por sus riesgos para la salud humana y que puede emplearse no para evitar plaga alguna sino, en una clara vulneración de lo que marca la normativa, para el controvertido “secado del cereal”. Es decir, en lugar de esperar a que el sol seque los cultivos en tiempo de cosecha, usar herbicidas masivamente sobre ellos, aunque sea a costa de incrementar los niveles de contaminación con sus residuos.
La tercera sustancia en el ranking es el fumigante de suelo altamente tóxico 1,3-dicloropropeno, nunca aprobado en la UE, con 30 autorizaciones excepcionales. Esta sustancia, extremadamente peligrosa, se emplea en monocultivos de frutas y verduras para exterminar no solo posibles plagas, sino prácticamente toda forma de vida en la capa superior del suelo, también la beneficiosa. Es usada sobre todo en el sur de Europa (Italia, Portugal, España y Grecia). Otros ejemplos de sustancias peligrosas prohibidas que han recibido autorizaciones de “emergencia” son el clorpirifos, prohibido en 2019, dañino para el cerebro infantil, o el mancozeb, prohibido en 2020 y asociado a toxicidad para el feto.
Concentración de autorizaciones en Murcia
Las autorizaciones de “emergencia” del 1,3-dicloropropeno se han concedido sobre todo a empresas de pesticidas. En España, sin embargo, se concedieron a una autoridad pública, la Dirección de Agricultura de la Región de Murcia, lo que representa nada menos que el 20 % de todas las excepciones de la UE para esta sustancia. Este organismo lo justificaba alegando que ciertos sistemas de cultivo intensivo favorecían plagas como las de algunos nemátodos y hongos, sin plantearse la adopción de sistemas alternativos.
Según PAN Europe, las excepciones concedidas a las diferentes sustancias “no están en línea con la legislación de la UE, ya que no están respaldadas por una verdadera emergencia que las justifique. Además, en todos los casos existen alternativas químicas no químicas o menos tóxicas, lo que cuestiona nuevamente la legalidad de lo que se está haciendo”.
https://www.hogarsintoxicos.org/es/noticias/espana-sigue-usando-pesticidas-prohibidos-por-sus-danos-salud-naturaleza
