Era un clamor que ya tiene fecha de caducidad. El Gobierno eliminará el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos el 7 de febrero. Casualidad o no, un día después tendrá que entregar obligado por la Justicia los informes de los expertos que justificaron mantener la medida durante meses a pesar de que la UE recomendó dejarlas de llevar en julio. La Audiencia Nacional establece el día 8 como fecha límite para que Sanidad envíe la documentación elaborada por la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud tras admitir a trámite un recurso interpuesto por Liberum.
La asociación, que vela por los derechos humanos y del consumidor, presentó el recurso contencioso-administrativo el 20 de noviembre, cuando el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos ya era historia en muchos países del continente. Avalado por los expertos, el Gobierno decidió que España sería una excepción. Tanto que el 9 de diciembre se convirtió en el único lugar de Europa donde llevar el tapabocas seguía siendo forzoso.
Liberum impugnó la decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional al entender que seguía imponiendo la mascarilla «sin tener en cuenta las mejoras en la situación epidemiológica». La asociación estimó en su queja, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el Ministerio de Sanidad estaba «incumpliendo el protocolo de actuación frente a la covid-19», en vigor desde el 3 de junio del año pasado y revisado el 8 de noviembre.
Los plazos del Gobierno
Las operaciones judiciales estuvieron dirigidas por la letrada Inmaculada Jaén. «Presentamos el recurso contra la inactividad de la ministra Carolina Darias, que ante un riesgo normalizado de la pandemia decidió mantener la mascarilla cuando Europa decía lo contrario», reconoce Luis María Pardo, uno de los abogados que participó en la elaboración del escrito.
Uno de los objetivos que perseguían era que la ministra, como presidenta del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, aportara los informes que avalaron la decisión de mantener la mascarilla. Para hacerlo, el Gobierno se ha parapetado en la opinión de los expertos. «Hasta ahora no se ha publicado ninguno y queremos saber qué dicen», insiste Pardo.
La Ponencia de Alertas a la que se refiere el recurso está formada por un amplio abanico de profesionales: desde los del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que preside Fernando Simón (que avanzó la decisión de Darias) a un representante del Instituto de Salud Carlos III pasando por los directores y subdirectores de Sanidad de las 17 comunidades autónomas.
El 10 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió admitir a trámite el escrito formulado por Liberum. Y eso, a pesar de que la Abogacía del Estado esgrimió que la competencia para resolver el asunto correspondía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque lo que se estaría impugnando sería el real decreto que modifica la obligatoriedad del uso de las mascarillas.
Los magistrados estimaron que la decisión correspondía a la Audiencia Nacional. Además, requirió al Ministerio de Sanidad que remitiera los expedientes administrativos y los informes de la Ponencia de Alertas. Dio para ello un plazo de 20 días, que se cumplen el 8 de febrero.
Curiosamente, Darias anunció esta semana que propondrá un día antes al Consejo de Ministros que se elimine la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos «atendiendo a la actual situación de estabilidad epidemiológica de la covid-19 y los informes de expertos y sociedades científicas». Habrán pasado 272 días desde que la UE recomendara su retirada.
«Una decisión política»
Pardo espera que «el anuncio no suponga otra decisión política como la del pasaporte covid». A pesar de la resolución de Darias, que será cabeza de cartel por el PSOE en Las Palmas en las elecciones de mayo, el abogado confirma que Liberum va a seguir adelante con el recurso al entender que «se vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos». No obstante, esperan la sentencia dentro de, al menos, un año, cuando ya las mascarillas hayan pasado a mejor vida.
«Al llevarlo por vía administrativa buscamos la nulidad. Ya no será posible, pero cada vez que hemos recurrido ha causado efectos en la Administración, que nunca ha vuelto a imponer una medida similar, como con el protocolo sanitario en Asturias», admite Pardo. Otros expertos consideran que el fallo supondrá un tirón de orejas al Gobierno. En su opinión, Darias habría anticipado el fin de las mascarillas ante el requerimiento judicial, una versión que rechazan desde el Ejecutivo.
Su uso no desaparecerá por completo el 7 de febrero. El tapabocas será obligatorio en los establecimientos y servicios sanitarios y en los centros sociosanitarios tanto para sus trabajadores como para los visitantes. Días antes de aprobarse la medida en el Consejo de Ministros, Darias convocará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para coordinar la medida con las regiones «teniendo en cuenta el informe de la Ponencia de Alertas dependiente de la Comisión de Salud Pública».
La ministra recordó el jueves que todas las decisiones adoptadas en las distintas fases de la pandemia se han consensuado en dicho órgano. La eliminación de la mascarilla se había planteado con anterioridad, pero Sanidad declaró que era una decisión imprudente. Hace solo unas semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaba a retomar su uso en interiores para protegerse de los repuntes del covid.
FUENTE: https://trikooba.org/el-gobierno-de-espana-retira-la-mascarilla-de-los-transportes-publicos-despues-de-que-la-justicia-pidiera-justificar-por-que-la-mantenia/
